Rosell defiende ante un juez el fichaje de Neymar

Rosell está imputado desde el 22 de enero por un delito de apropiación indebida en el fichaje, lo que provocó su dimisión al frente del club un día después

Sandro Rosell, expresidente del Barcelona
Sandro Rosell, expresidente del Barcelona (AP)

Madrid, España

El expresidente del Barcelona Sandro Rosell defendió hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la legalidad de los contratos que sirvieron para fichar al delantero brasileño Neymar, una contratación por la que, según dijo, el club pagó 57,1 millones de euros.

Según explicaron fuentes jurídicas, Rosell, que declaró como imputado durante unas tres horas, explicó al juez que él se limitó a firmar los contratos que le dieron de los servicios jurídicos del club y que, según ha asegurado, estaban bien hechos.

Sostuvo que, tal y como se dijo en un principio, el traspaso de Neymar costó 57,1 millones de euros: 17,1 millones para el Santos por los derechos federativos y 40 para la empresa de N&N, propiedad del padre de Neymar.

Tras la declaración de Rosell, comparece también el representante legal del Barcelona, Antonio Rossich, que declara por el delito fiscal imputado al club por un presunto fraude de 9,1 millones de euros por el fichaje del brasileño.

Por último, Ruz tomará declaración como testigo a Artur Amich, socio auditor de la firma Deloitte y responsable de los informes de auditoría de cuentas anuales del FC Barcelona del 30 de junio de 2012 y de 2013.

El juez decidió llamarles a declarar tras recibir un informe de la Agencia Tributaria, fechado el 30 de mayo, que confirma que el Barcelona, imputado ya en esta causa como persona jurídica, cometió un delito fiscal al defraudar a Hacienda al menos 9,1 millones de euros en el fichaje de Neymar da Silva.

El contrato de Neymar se firmó en Barcelona el 3 de junio de 2013 entre el jugador y su padre, de un lado, y Rosell y el presidente actual del club, Josep Maria Bartomeu, de otro, pero no entró en vigor hasta el 29 de julio de 2013, pactándose una duración de 5 años.

El fiscal considera que hay indicios de delito fiscal en este fichaje por la existencia de "contratos simulados" y de "operaciones de ingeniería financiera" para engañar a la Hacienda Pública.