La ley que nadie conoce

Hace más de un año se aprobaron las reformas a la ley de cultura física y deporte para erradicar la violencia de los estadios del país; Hoy, orinar en la calle y participar en una gresca en un espectáculo deportivo se sanciona igual

En medio del Clásico Tapatío, se desató la violencia
En medio del Clásico Tapatío, se desató la violencia (Mexsport)

Ciudad de México

Hoy, en nuestro país, se sanciona de la misma manera orinar en la calle que participar en un acto vandálico al interior o alrededores de un estadio de futbol. Así de patético, así de absurdo.

El 27 de marzo del 2014, tras meses de tenerlas metidas en el congelador por discrepancias políticas entre los grupos parlamentarios, los diputados aprobaron las reformas a la Ley de Cultura Física y Deporte propuestas por el priista Gerardo Liceaga para erradicar la violencia de los estadios en un acto que respondió más a la presión mediática que para el efecto desató los hechos violentos que días antes se suscitaron en las gradas del Jalisco donde un puñado de policías fueron masacrados por barristas del Guadalajara, que por real interés en esta legislación.

Incluso, ese día, la bancada perredista se negó a votar a favor de las reformas y acusó a esta legislación, entre otras cosas, de “fascista” y de tratarse de “populismo penal”.

Los críticos más agrios de la propuesta del diputado Liceaga aseguraban que no se le podía dar facultades penales a una ley (la de cultura física y deporte) que se limitaba a ser administrativa.

Ya antes, algunos estados habían dado ese paso al frente para intentar alejar el monstruo de la violencia de sus espectáculos deportivos: Nuevo León, en 2007; y Querétaro, en 2011, fueron pioneros en aprobar leyes antiviolencia en los estadios. La Ciudad de México seles uniría en 2014.

En todos los casos, los resultados han sido similares al día de hoy: nulos.


¿Qué dice la ley?

Las reformas a la ley de cultura física y deporte crearon la tipificación del delito “violencia del deporte”, cristalizado en un listado de acciones acreedoras de sanción como participar en una riña, invadir la cancha, lanzar objetos, hacer daños a inmuebles y más.

Entre los delitos y sus correspondientes penas considerados a raíz de esta reforma se encuentran los siguientes:

-Ingresar sin autorización a cancha y agredir: 6 meses a tres años prisión; y 5 a 30 días multa.
-Participación riñas: 6 meses a 4 años de prisión; 10 a 40 días multa.
-Daños materiales u/o introducción armas: año y medio a 4 años de prisión; 20 a 90 días multa.
-Lanzar objetos: 6 meses a 2 años de cárcel; 5 a 30 días multa.
- Prohibición de ingreso a estadio a culpables.
-Registro en padrón de violentos.


Desconocimiento total

Y a más de un año de la aprobación de esta ley antiviolencia a nivel federal, ¿qué ha pasado? Absolutamente nada.

El sábado 9 de mayo, un aficionado ingresó a la cancha del estadio TSM cuando se desarrollaba el partido Santos-Puebla con la intención de agredir al silbante Fernando Guerrero. El espóntaneo fue detenido y presentado ante un juez cívico que lo liberó tras pagar una multa económica.

Este es tan sólo un ejemplo de la no aplicación de la ley federal antiviolencia en nuestro país. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los rijosos y violentos no están en la cárcel?

José Luis Aguilera, creador de la ley antiviolencia en Querétaro, tiene la respuesta contundente: “Por ignorancia. El policía estatal o municipal que hace la detención y pone a disposición ante un juez cívico, no ante Ministerio Público, él no va a fijar una sanción penal, te fija una multa administrativa; eso y hacer del baño en la calle es lo mismo, por eso las multas no salen de ahí”.

O sea, hay un total desconocimiento de la existencia de una ley federal antiviolencia para castigar a los rijosos en el marco de un espectáculo deportivo.
Gabriel Regino, abogado penalista y ex subsecretario de la SSP capitalina, experto en operativos de seguridad en estadios, así lo confirma: “Llevan al detenido ante juez cívico como cosa rutinaria, para no hacerlo más grande, a eso obedece. Como no hay decisión política… no es lo mismo que estos desmanes los hagas, por ejemplo, en un acto oficial a que los hagas en un evento deportivo; si los haces en evento oficial, te pueden acusar de ataques a la paz pública y te vas a la prisión, pero en un estadio, no pasa nada, ahí que salga con una multa”.

De igual forma, Regino señala que la falta de parte denunciante, que en todo caso deberían ser los clubes afectados, los ayuntamientos y hasta la propia FMF, es otro obstáculo para que no se cumpla la ley como debería ser.

“No hay una imputación por parte de los agentes de autoridad, ni por parte de la FMF, ni por parte del organizador del partido (clubes) en contra de ellos (detenidos), por delitos previamente cometidos, sino que al momento, como no hay parte acusadora, se les pone a disposición por alteración del orden público y salen pagando una multa”, concluye.