Charrería al día

La Fmch, EU y Chiapas

Por primera vez en los 84 años de la charrería federada, el actual Consejo Directivo, presidido por Leonardo Dávila Salinas (2017-2020) abrió tres procesos jurídicos e internos que serán emblemáticos para esta administración y, sin duda, serán un referente para las próximas gestiones.

El primero de ellos es el proceso jurídico-administrativo en contra del anterior Consejo Directivo (2012-2016), representado por Miguel Pascual Islas, como entonces presidente nacional; Arturo Marín Alcántara, ex secretario general, y Antonio Díaz Pérez, ex secretario de Tesorería y Finanzas.

Esta denuncia está basada en delitos en agravio de la Federación Mexicana de Charrería, A.C. (Fmch), teniendo como sustento el reclamo por parte del gobierno del estado de Querétaro por tres millones de pesos, por no realizar el 73 Congreso y Campeonato Nacional Charro 2017, situación que no tenía sustento legal, máxime que esa entidad realizó el Campeonato Nacional del 2015, siendo estatutariamente imposible.

Lo grave y delicado de este asunto es que la cantidad antes mencionada, otorgada por el gobierno reclamante, desapareció de las arcas de la Fmch sin dejar rastro.

Tampoco se hizo la entrega oficial de la parte administrativa, deportiva y financiera, por lo que se ha tenido que recurrir a una denuncia formal, y aunque los anteriores dirigentes digan que “no piensan entregar nada y que le hagan cómo quieran”, tarde o temprano tendrán que rendir cuentas ante la autoridad competente.

El siguiente caso es el que prevalece en Estados Unidos, que siguiendo el mal ejemplo de Miguel Pascual, el ex coordinador general Alejandro Galindo Jiménez y Roberto Silva Caballero, ex secretario de Tesorería y Finanzas de aquella administración, tampoco han entregado el reporte de su gestión, por tal motivo se encuentran en el supuesto de expulsión del órgano rector de la charrería federada, más aún cuando han intentado organizar eventos de charrería a nombre de la Fmch, por lo que esta institución tuvo que dar un respaldo al actual coordinador de Estados Unidos (2017-2010), Alejandro Gómez.

El tercer caso es la situación que se vive en Chiapas, que siguiendo los mismos pasos, se negó a entregar los reportes, y para desviar la atención, un grupo de charros de esa entidad pretende expulsar al actual PUA, Erick Montoya González.

Este caso dará mucho de qué hablar y por lo que me pude enterar, el próximo miércoles 17, Montoya González está citado para hacer uso de su defensa constitucional a la que tiene derecho, así que estaré pendiente para informarles estas tres situaciones. 

ramongonzalezbarbet@hotmail.com