Desde el gimnasio

Terminar con cacicazgos deportivos

El próximo mes se cumple un año ya de la aprobación de la nueva “Ley General de Cultura Física y Deporte” que promovió el presidente de México, Enrique Peña Nieto y que daba un año a las instancias involucradas para realizar sus adecuaciones al nuevo marco legal que en principio desea establecer el libre acceso equitativo al deporte y la cultura física a todos los mexicanos.

Entre otras modificaciones a la ley, desaparece la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme) como órgano oficial, centralizando la rectoría del deporte en México en la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y creando la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) a la que todo atleta puede acudir a exigir se respeten sus derechos de libre acceso y participación en el deporte.

En esencia, esta nueva ley tiene en su espíritu terminar con cacicazgos e injusticias que se cometen en muchos deportes, muchas de cuyas organizaciones pretenden el monopolio de algunas actividades, cuando en esencia la legislación del año pasado refuerza el artículo 4 de la Constitución Política Mexicana que establece “toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes de la materia”.

Adicionalmente, la creación del CAAD como organismo descentralizado autónomo, garantiza los derechos ciudadanos de todos los mexicanos en materia de acceso a la cultura física y deporte, lo cual sienta un precedente importante en nuestro país ya que ninguna asociación pública o privada puede coartarle sus derechos y para ello existe ya esta comisión a favor de los atletas e involucrados.

México tenía 10 años de no legislar en materia deportiva y con la promulgación de esta nueva ley en junio del 2013 y la creación del SINADE como máximo órgano de regulación y la claridad de las atribuciones de la CONADE, se pretende más transparencia y eficiencia en las políticas públicas en materia deportiva en nuestro país, obligando a estados y municipios a adaptar sus leyes y reglamentos locales, en beneficio de los deportistas mexicanos, lo que incluye uso y destino de los recursos públicos, reglamentos y promoción equitativa y abierta de los atletas, así como de las empresas promotoras de deporte de toda la República Mexicana.

Es claro que un país como el nuestro con niveles de obesidad y diabetes que son ya un problema de salud pública, además de esfuerzos de promoción deportiva, requiere de un marco legal que beneficie a los ciudadanos para tener acceso a cultura física y deporte, fomente la participación de empresarios en la realización de competencias y apertura de más y diversos espacios deportivos, así como de vigilar el correcto uso de los recursos públicos y los reglamentos.

Habrá que esperar que la federación, estados y municipios, además de adaptarse a la nueva ley y adecuar sus reglamentos, garanticen los derechos de los deportistas de México y se terminen con las mafias que pretendían ser dueños del “deporte oficial”, concepto que por cierto ya fue eliminado de la legislación que regulaba el deporte.